La lucha contra el amianto que mata
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Artículo escrito por Unicornia Dreams / Imagen autoría de Migue Fernández

Aunque desconocido para una parte de la sociedad, el amianto – también conocido como asbestos – se ha revelado como gravemente perjudicial para la salud. Estas fibras presentes en parte de productos industriales, materiales de construcción, aislamiento térmico de espacios y conducciones, insonorización de espacios...no encendieron las alarmas hasta que en los años 80 del pasado siglo se demostraron altamente cancerígenas.

Pese a su prohibición gradual, los casos de trabajadores con casos de cáncer y fibrosis se han ido sucediendo; muchos de estos son enfermos irreversibles debido a su exposición laboral al amianto.

La Unión Europea se fijó como objetivo erradicar el asbetos de todo tipo de edificaciones en 2028. Sin embargo desde que se descubriera su peligrosidad llevamos demasiado tiempo de retraso con secuelas sin punto de retorno.

Escuelas, vivienda o edificios públicos se han cimentado en estructuras hechas con este material que exige su total sustitución en aras de la seguridad sanitaria de los residentes. Lo peor es que los efectos nocivos del amianto no son visibles de inmediato y las enfermedades asociadas a su exposición pueden tardar hasta 40 años en manifestarse.

A lo largo de todos estos años, desde la revelación de sus graves consecuencias, hemos visto numerosos casos de denunciantes que se han viso afectados, ajenos a su voluntad y sin protección alguna. La Asociación de Víctima del Amianto lleva a cabo una importante lucha para reparar en la medida de lo posible los daños y perjuicios en casos como el incumplimiento de las empresas de las normas de seguridad.

Si bien existe una legislación que exige un protocolo de desamiantado, en algunas empresas todavía exponen a sus trabajadores a inhalar el polvo nocivo, que se cuela en los trajes de trabajo y llega hasta el ámbito doméstico.

Consecuentes sobre esta infracción por fin el Tribunal Supremo en España ha dictaminado algunas sentencias favorables a las víctimas, como la que condenó a la empresa Uralita a indemnizar con 360.000 euros a los familiares de dos mujeres de trabajadores en Getafe.  Las esposas de los trabajadores fallecieron por inhalar el polvo de amianto de la ropa que lavaban en casa.

El camino de las indemnizaciones ejemplarizantes parece de momento la única vía efectiva para que algunas empresas reticentes reconsideren sus actuaciones, cumplan con la normativa y protocolo de desamiantado.

Mientras, las víctimas seguirán luchando para una mayor concienciación social sobre este tema impulsando medidas como un fondo de compensación de amianto, un censo de afectados y trabajadores en riesgo por exposición en su vida laboral.